La Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental introduce para muchos empresarios una nueva responsabilidad.
El que contamina ya no sólo paga, ahora, también repara. Todo aquel que desarrolle una actividad económica o profesional debe garantizar que, en caso de causar un daño al medio ambiente, podrá hacer frente a los costes de devolver los recursos naturales contaminados al estado en que se encontraban antes de ser perturbados.
Por ello, las empresas afectadas por la Ley de Responsabilidad Ambiental están obligadas a realizar un análisis de riesgos ambiental y traducirlo a euros. Para que, dependiendo de la cuantía estimada, quedar obligado o exento de disponer de una garantía financiera (en forma de seguro, aval bancario o reserva “ad-hoc” de fondos propios).
Desde su publicación en 2007, las partes interesadas -Administración, Empresa, ONGs ambientales, etc- han trabajado para determinar la forma y el modo en el que las empresas afectadas deberán dar cumplimiento a los diferentes requisitos.
Modelos de informe de riesgo ambiental tipo (MIRAT), guías metodológicas, análisis de riesgos medioambientales previo, comunicación de siniestros, exigencia de establecer medidas de prevención ante amenazas inminentes de daño, son algunos ejemplos del resultado del trabajo realizado.
Pese a que todavía quedan puntos normativos sin desarrollar, la ley se encuentra en vigor y la responsabilidad ambiental ya es exigible al empresario.
Por ello, desde los inicios del redactado de la Ley de Responsabilidad Ambiental, CAVALA invierte en la capacitación de su equipo multidisciplinar ya cualificado, para ofrecer un servicio estratégico a la empresa y asociaciones empresariales interesadas en conseguir no sólo el cumplimiento jurídico de la ley, sino el cumplimiento estratégico de la ley al menor coste.
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