Desde el 1 de octubre de Francia obliga a los operadores logísticos a informar a sus clientes de las emisiones de CO2 asociadas a los servicios realizados con origen o destino de este país.
Esta medida, pionera en el mundo, supone sin duda un precedente en esta materia que podría influir en las próximas políticas desarrolladas a nivel europeo.
De forma previsible, también España podría incluir medidas legales similares que incluyan el cálculo de las emisiones de CO2 
como información imprescindible para determinados operadores (hasta ahora el desarrollo normativo ya había contemplado, por ejemplo a través de la ley 2/2001 de economía sostenible, el deber de la Administración Pública de incentivar el cálculo y reducción de las emisiones desde todos los sectores).
La iniciativa francesa podría suponer un excelente empujón, si es imitado por otras administraciones europeas, para lograr los objetivos marcados por la Unión Europea en la denominada estrategia “20/20/20”. Esta estrategia persigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20%, ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, y promover el uso de energías renovables hasta el 20% y constituye la base para avanzar hacia una economía baja en emisiones y ambientalmente sostenible.
