ISO 26000 y la Ley de contratación pública
Se podría decir que en materia de Responsabilidad Social, el nacimiento de la Norma ISO 26000 fue el acontecimiento más relevante de 2010. Pues bien, el pasado 9 de Marzo, entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), una ley integradora para la contratación pública socialmente responsable.
Ambos acontecimientos se caracterizan por tener algunos aspectos en común, en concreto, el compromiso con la Responsabilidad Social.
¿Qué entendemos por Responsabilidad Social?
Según la Guía sobre Responsabilidad Social elaborada por la International Standars Organization (ISO), Responsabilidad social, se define como la responsabilidad de una organización o empresa, independientemente de su tamaño, ante los impactos que sus actividades causan en la sociedad y en el medio ambiente. Supone el compromiso voluntario que estas empresas adquieren, generando un beneficio común, contribuyendo al desarrollo sostenible, sin descuidar sus propios objetivos empresariales.
¿Cuál es el objetivo de la LCSP?
Con esta nueva ley de contratación pública, se pretende implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Y para ello, es necesario el cumplimiento de principios de integridad y el desarrollo de aspectos sociales con el objetivo de lograr una mayor transparencia, igualdad y no discriminación.
Es una de las leyes más complejas e importantes, pues introduce en los criterios de adjudicación, la importancia a los criterios ambientales, sociales e innovadores. Por lo que, se podría decir que se convierte en un requisito contar con sistemas de gestión y certificaciones en Responsabilidad Social Corporativa, como SGE 21, SA8000, IQNet, o al menos, con instrumentos de gestión de los distintos aspectos de la Responsabilidad Social tales como Planes de Igualdad, Memorias de Sostenibilidad, Cálculo de Huella de Carbono, Planes de Diversidad, Políticas, etc.
Por lo tanto, ¿qué tienen en común la Norma ISO 26000 y la LCSP?
Tenemos dos modelos que permiten a las organizaciones, empresas y administraciones a gestionar su contribución con el desarrollo sostenible.
Si echamos la vista atrás, nos acordaremos que el desarrollo sostenible fue definido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en el informe “Nuestro futuro común” o informe Brundlandt como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Pues bien, de eso se trata cuando hablamos de la Norma ISO 26000 y la Ley de contratación pública (LCSP), de modificar los patrones de producción, consumo e inversión, para así, alcanzar un equilibrio en los aspectos económicos, sociales y ambientales.
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